Ernest Urtasun tiene muchas tareas urgentes que cumplir como Ministro de Cultura. Una de ellas es la de actualizar una ley que va camino de ser arqueología legislativa, con un articulado alejado de la actualidad con la que el patrimonio histórico ha de vérselas hoy en día. Su realidad material choca en demasiadas ocasiones con lo laboral y lo educativo, lo turístico y lo inmobiliario, además de no contemplar lecturas y dimensiones que hace cuatro décadas ni se concebían.
El tiempo transcurrido desde que el poder legislativo aprobara el paraguas que da cobertura a cuanto tiene que ver con la identificación, conservación y difusión de nuestro patrimonio histórico ha hecho que dicha norma resulte hoy demasiado genérica y necesite una actualización que no solo adapte su texto a lo que hemos evolucionado, sino que incluya asuntos que en 1985 no se imaginaban.
Desde hace años se comenta que el Ministerio de Cultura está trabajando en su puesta al día. Pero sea por la brevedad de algunas legislaturas, o lo atropellada de la anterior, esta cartera ministerial no ha llegado a materializar este proyecto necesario. A medio camino se quedó un anteproyecto que no gustó a nadie, ni al sector ni a las comunidades autónomas que tienen las competencias ejecutoras en cultura. Es de suponer que no convencía ni a quienes lo redactaron.
Esperemos que la futura nueva redacción considere, y con la relevancia que merecen, manifestaciones apenas tratadas en su actual articulado como la audiovisual y la inmaterial, o ignoradas como la del patrimonio industrial. Punto importante sería todo lo relativo a lo digital, con materializaciones como los videojuegos (ámbito en el que algunas instituciones, como la Biblioteca Nacional, ya están trabajando), las posibilidades de preservación que permite la digitalización, y de divulgación con el acceso universal que facilita Internet. Ya puestos, estaría bien hasta considerar las posibilidades de la inteligencia artificial sin olvidar la importancia de la propiedad intelectual.
De esta manera se evitaría el riesgo de regulaciones dispersas y contradictorias por parte de las CC.AA. al no tener una ley marco que establezca criterio guía/unificador, o situaciones a las que el actual marco legislativo no da la cobertura deseable.
Sería interesante que incluyese, igualmente, la interacción con ámbitos fundamentales como la educación (contenidos curriculares sobre el valor del patrimonio en cada etapa formativa y recorridos para la capacitación de futuros profesionales), la investigación (también desde el punto de vista científico y tecnológico), las políticas sociales (instrumento con el que ofrecer oportunidades a todo tipo de colectivos), el desarrollo regional (medio con el que tejer políticas de dinamización económica) y las relaciones exteriores (en coordinación con el Ministerio de AA.EE., UE y Cooperación).
Así mismo, debiera integrar directivas europeas como la de exportación de bienes culturales de 2014 o resoluciones como la de 2015 (“Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo”) que destaca su papel en el crecimiento económico y social y el empleo. Por último, y no menos importante, el nuevo preámbulo debiera mencionar las convenciones, convenios y acuerdos internacionales firmados por España, como los de protección del patrimonio cultural subacuático (2001), salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003) o protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005) de la UNESCO. O de aquellas coordenadas en las que queremos jugar un papel protagonista, como es Iberoamérica, y donde se cuenta desde 2006 con el referente de su Carta Cultural.
Versión actualizada de la entrevista publicada en el número 249 de Descubrir el Arte (noviembre, 2020). Fotografía tomada de ElEspanol.com.