También conocida como “La banalidad del mal”, esta obra disecciona los muchos factores que pueden permitir y hacer que un individuo colabore con el asesinato de miles de personas. Tras este detallado viaje sobre el comportamiento individual y social, su autora analiza algo no menos importante, los instrumentos judiciales con que contamos tanto para castigar a los culpables y de esa manera rehabilitar a sus víctimas, como para evitar que algo tan tremendo e imaginable como el Holocausto judío pueda volver a ocurrir.
Quince años después de que acabara la II Guerra Mundial, los servicios secretos del joven estado de Israel capturaron en Argentina a Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS al que presentaron ante la comunidad internacional como el responsable de la “solución final”. El plan nazi puesto en marcha en 1941 para acabar definitivamente con toda la población judía que aún vivía en los territorios de la vieja Europa sobre los que el régimen de Hitler extendía su dominio.
Además de para juzgar al supuesto criminal, el juicio fue planteado por las autoridades israelíes como una campaña de imagen cuyo principal objetivo era transmitir al mundo que el pueblo judío tenía derecho a defenderse por sí mismo del mal que le había sido infligido. Una puesta en escena y un discurso que, tal y como argumenta Hannah Arendt, tuvo muchas fisuras conceptuales, lo que hizo que este ensayo fuera muy contestado cuando se publicó en 1963 tras la ejecución de la sentencia.
En primer lugar Eichmann no fue ni el ideólogo ni el líder de la cadena de mando que llevó a la muerte, de manera aún más acelerada que en años anteriores, a muchos miles de personas. Según el trabajo de Arendt, él fue una pieza más de un engranaje administrativo inteligentemente burocratizado para que los encargados de formar parte de él no tuvieran, aparentemente, otra opción más que la de aceptar esta misión. Cuestión aparte es que en muchos casos realizaran tal tarea con agrado y con la convicción de estar haciendo lo correcto.
Una situación a la que no se llegó de un día para otro, sino que tuvo una preparación de casi una década en la que a la par que se desensibilizaba a la población local, se hostigaba a la judía despojándola de sus propiedades, expulsándola de sus hogares y haciendo que fueran ellos mismos –a través de los Consejos Judíos- los que determinaran quiénes podían salvarse a costa de señalar a aquellos que debían ser deportados a los campos de exterminio (eufemísticamente llamados “de reasentamiento”).
Recordar mecanismos de selección como este, las medidas antisemita adoptadas por Eslovaquia, el planteamiento de su expulsión de Francia antes de la invasión nazi, o la ligereza con que el asunto se trató en la Alemania posterior a 1945, obviando casi lo que había sucedido en la década anterior, pusieron sobre la mesa cuestiones que no debían volver a ocurrir para una correcta convivencia entre personas, pueblos, culturas y naciones.
A propósito de esto Hannah Arendt dedica especial atención al papel que el Derecho y la administración de la Justicia deben desempeñar a la hora de establecer las líneas rojas en situaciones límite como un conflicto bélico, así como la manera de atender a las víctimas. Lo que ocurrió durante la II Guerra Mundial fue algo que no estaba tipificado y sobre lo que no había jurisprudencia, fue más allá de los crímenes de guerra y solo se podía concebir como un hecho delictivo contra el conjunto de la humanidad. El único referente anterior al paso por el tribunal de Eichmann eran los juicios de Nuremberg, en los que la necesidad de resarcir a los aún conmocionados por lo que habían tenido que pasar hizo que el proceso se llevara a cabo sin tener resueltas estas cuestiones formales.
Motivo este por el que la autora considera que Eichmann debiera haber sido juzgado por un tribunal internacional y no por el de un país que no solo se disponía a tratar asuntos ocurridos fuera de su territorio, sino que había capturado al acusado a miles de kilómetros de distancia. Hecho que ocurrió sin haber establecido ningún tipo de relación ni comunicación formal con las autoridades argentinas, lugar al que el ex oficial nazi –al igual que otros muchos compañeros de barbarie- había emigrado años después de finalizar su labor asesina.