Toda guerra es, por definición, destructiva y la contienda fratricida que tuvo lugar en España entre 1936 y 1939 no fue una excepción a esta regla. El patrimonio artístico fue uno de los focos de la contienda, aunque mucho más como instrumento de propaganda que como legado cultural que preservar. El bando nacional fue especialista en esto, algo que siguió haciendo, ya con Franco en el poder, tanto para justificar sus principios ideológicos como en su relación con las potencias del eje y los aliados a lo largo de la II Guerra Mundial.
El conflicto que se inició el 18 de julio de 1936 generó toda clase de aberraciones como vandalismos, asaltos, bombardeos,…, que trajeron consigo la destrucción de muchos bienes inmuebles y la desaparición de innumerables piezas artísticas. En algunos casos como resultado de lo que hoy llamamos daños colaterales y en otros de manera totalmente deliberada (ej. bombardeo nacional sobre el Palacio de Liria el 17 de noviembre de 1936 o, en esas mismas fechas, sobre el Museo del Prado).
Una falta total de sensibilidad y de respeto por las manifestaciones artísticas y culturales que continuó tras el 1 de abril de 1939. El régimen franquista siguió luchando en este frente contra el depuesto gobierno republicano, definiendo el traslado preventivo a Suiza de las obras de la pinacoteca madrileña o a Francia de otras colecciones públicas –como la del MNAC- y privadas de distintos lugares de origen como una muestra del “expolio rojo” al que había sido sometido nuestro país. Campaña de desprestigio en la que la buena labor de preservación realizada por el anterior gobierno democrático –tal y como atestiguaron profesionales de grandes museos internacionales como la National Gallery- era metida en el mismo saco que los robos perpetrados por delincuentes, el tráfico ilegal llevado a cabo por profesionales nada éticos o las pertenencias personales que llevaban consigo los que iniciaban el camino del exilio.
Tras el fin de la contienda, las nuevas autoridades hicieron bien poco a efectos prácticos para que esas piezas volvieran a su lugar de origen. Las que habían salido de manera legal retornaron una vez que Franco fue reconocido de manera oficial por los gobiernos de esos países. Pero más allá de ello –y por la casi nula dotación de recursos económicos, técnicos y humanos dedicados a la misión- no se consiguió apenas ningún resultado exitoso, a excepción de la incautación de sus propiedades privadas que sufrieron los republicanos descubiertos en Francia.
Una tesitura que coincide con el inicio de la II Guerra Mundial, conflicto en el que España apoyó inicialmente a los regímenes fascistas de Italia y Alemania bajo el eufemismo de “no beligerancia”. Coyuntura que, tal y como cuenta Arturo Colorado, la nueva España imperialista aprovechó, con ánimo de revancha, para solventar las deudas que el país vecino no había saldado tras el paso de las tropas napoleónicas por nuestro territorio un siglo atrás. De esta manera se consiguió que el régimen de Vichy firmara en 1941 un acuerdo –considerado extorsión por la mayoría del resto de los franceses- por el que no solo se recuperaron muchos de los legados del Archivo de Simancas que entonces habían sido trasladados como botín de guerra, sino que volvieran a España piezas únicas como la Dama de Elche que, tras su descubrimiento en 1897, había sido vendida legalmente al Museo del Louvre.
Un tratado por el que se recuperaron otras piezas (como la famosa corona visigoda de Recesvinto o una apreciada Inmaculada de Murillo) a cambio de entregar un Velázquez, un Greco y un Goya, y que en nuestras fronteras fue presentado ante la opinión pública como una victoria diplomática y una validación de la fuerza, potencia y liderazgo del Caudillo. Un logro que debía mucho al apoyo fascista, y al que, en ocasiones, el régimen halagó con donaciones de obras de arte. En 1939 se entregaron al Führer tres Zuloagas y en 1941 Franco llegó a adquirir para hacérselo llegar, el retrato de Goya de La marquesa de Santa Cruz.
Sin embargo, los buenos resultados que comenzó a conseguir el bando aliado tras el fracaso alemán en su intento de invasión de Rusia hizo que esta operación no solo no se llevara a cabo, sino que meses después España adoptara la postura oficial de “neutralidad” y que incluso llegara a ofrecer el Palacio de Riofrío en Segovia para acoger los fondos del Museo del Louvre para que estos estuvieran a salvo de los bombardeos. Tras el poco cuidado de lo propio, esta ofertaba revelaba, sin duda alguna, el único valor propagandístico que la cultura –y el arte como expresión de esta- tenían para la autarquía que acababa de comenzar a gobernar España.